Buenos Aires, 10 de junio de 2026

A 197 años del 10 de junio de 1829, el Gobierno y el pueblo de la República Argentina conmemoran un nuevo aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos, un hito central en la afirmación histórica, jurídica y política de nuestros derechos soberanos en el Atlántico Sur.

Aquel acto, dispuesto por Martín Rodríguez, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, formalizó la estructura de gobierno argentino en el archipiélago. La designación de Luis Vernet como primer Comandante Político y Militar constituyó un ejercicio efectivo de soberanía que incluyó legislación sobre recursos pesqueros, concesiones de tierras y el establecimiento de una población civil estable, que vivía, trabajaba y construía comunidad bajo autoridad argentina.

Ese ejercicio no nació en 1829. Fue precedido por años de presencia pacífica, pública y continua de la Argentina en el archipiélago. Las Islas Malvinas pasaron a estar bajo nuestra soberanía desde los albores mismos de la Patria, el 25 de mayo de 1810, cuando nuestro país conformó su primer gobierno patrio y se incorporó al concierto de las naciones. Desde aquella fecha fundacional, la Argentina heredó, por sucesión de Estados y conforme al principio de uti possidetis iuris, los títulos territoriales que hasta entonces correspondían a España sobre el territorio del Virreinato del Río de la Plata.

Los primeros gobiernos patrios, conscientes de que las Islas Malvinas integran el territorio nacional, dictaron actos administrativos demostrativos de jurisdicción sobre el archipiélago. La ley argentina comenzó a regir en las Islas Malvinas como expresión concreta de una soberanía ejercida en los hechos y sostenida en el derecho.

Más adelante, en 1820, el Coronel de la Armada Argentina David Jewett fue enviado oficialmente a las Islas Malvinas para tomar posesión de ellas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En un acto público y solemne, izó allí por primera vez nuestro pabellón nacional. A partir de ese momento, la Argentina mantuvo una presencia efectiva en el archipiélago. Se designaron autoridades, llegaron los primeros pobladores y las islas fueron testigos de un asentamiento humano próspero y pujante, bajo una administración argentina que promovía el trabajo, el desarrollo económico y la vida en comunidad en las exigentes condiciones del Atlántico Sur.

Ese ejercicio legítimo de soberanía fue interrumpido por la fuerza el 3 de enero de 1833, cuando tropas británicas expulsaron a las autoridades y a la población argentinas, y quebraron la integridad territorial de nuestro país. Tras consumar esa usurpación, y luego de desplazar a los habitantes argentinos, el Reino Unido desplegó una política de implantación poblacional destinada a consolidar la dominación colonial de un archipiélago situado a más de 12.000 kilómetros de la metrópoli.

Los actuales habitantes del archipiélago pertenecen a esa población británica implantada, que no se distingue étnica ni culturalmente de la metropolitana. A diferencia de los casos clásicos de colonialismo, en los que un pueblo preexistente queda sometido a subyugación, dominación o explotación por una potencia administradora, en las Islas Malvinas no existe un pueblo sometido en esos términos. Por ese motivo, la comunidad internacional jamás reconoció a los habitantes de las islas el carácter de "pueblo". La Argentina, al mismo tiempo, mantuvo y mantiene una actitud constructiva respecto de ellos, con respeto por sus intereses y por su modo de vida, conforme la Disposición Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional.

Desde aquel acto de fuerza, nuestro país sostuvo un reclamo permanente por la restitución del territorio usurpado, que nunca dejó de pertenecer al pueblo argentino. En esa búsqueda inclaudicable de hacer valer sus legítimos derechos, la República Argentina continúa recibiendo el respaldo de la comunidad internacional en su reclamo justo por el fin del colonialismo en todas sus formas. La Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en 1965 sin votos en contra, reconoce la existencia de una disputa de soberanía y urge a la Argentina y al Reino Unido a entablar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y duradera. Ese llamado tuvo eco en otras 9 resoluciones de la Asamblea General y es reiterado cada año en el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, así como en declaraciones de foros regionales y multilaterales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos y el MERCOSUR.

El Gobierno argentino recuerda, además, que este año se cumplen 50 años de la adopción de la Resolución 31/49 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes de la disputa a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación encomendado por las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. En consecuencia, toda actividad unilateral de exploración o explotación de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria al derecho internacional y afecta el proceso de negociación promovido por la comunidad internacional.

Esa resolución adquiere hoy una relevancia especial, a pocos meses de la pretendida "Decisión Final de Inversión" anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration PLC, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí, para el desarrollo del yacimiento "Sea Lion" en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las Islas Malvinas, sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina. Tal como reafirmó el Presidente de la Nación, Javier Milei, la Argentina actuará con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretendan avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos. Toda exploración y explotación unilateral en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a la Resolución 2065 (XX) y a las resoluciones concordantes de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización. Además, constituye una acción unilateral e ilegítima del Reino Unido, incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General.

Este 10 de junio, con la plena convicción de que la vía diplomática es el único camino posible para recuperar el ejercicio efectivo de sus legítimos derechos soberanos, objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino establecido en nuestra Constitución Nacional, la República Argentina reafirma una vez más su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, por ser todos ellos parte integrante de su territorio nacional.

En esta fecha de profunda significación para todos los argentinos, el Gobierno nacional renueva su compromiso inquebrantable con la Cuestión Malvinas. La Argentina no cejará en su reclamo y continuará utilizando todas las herramientas pacíficas a su alcance para que, en el marco del derecho internacional, el Reino Unido acceda a reanudar el diálogo bilateral sobre soberanía, tal como lo exige la comunidad internacional, y para poner fin de una vez y para siempre a esta anacrónica situación colonial.

Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas.